Redacción Colombiabus
MÁS PREOCUPACIÓN PARA LA INDUSTRIA
Durante muchos años, carroceros, academia, fabricantes de chasises y
proveedores de la industria, trabajaron para encontrar un referente que definiera los requerimientos técnicos para construir y comercializar vehículos de pasajeros en Colombia. Este objetivo se alcanzó en 2016 con la Resolución 3753 del Ministerio de Transporte, que indica el obligatorio cumplimiento de las pruebas y certificaciones, para garantizar la calidad y la seguridad en los autobuses. Ese mismo año, la Resolución 4200 estableció los parámetros para certificar la conformidad del vehículo con la normatividad técnica.
En la actualidad, el fabricante o importador del vehículo estaba facultado para demostrar de primera parte el cumplimiento de la normativa técnica, así como sus condiciones de seguridad y construcción. Sin embargo, el equipo jurídico del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo indicó que a los dos años de haberse acreditado la primera entidad certificadora (lo que ocurrió en marzo de 2019), se suspenderían los procesos donde el proveedor del equipo aseguraba el cumplimento de la norma, quedando un tercero, con la respectiva idoneidad, encargado de otorgar el visto bueno al autobús.
La gran preocupación que ronda nuestra industria carrocera, es la proximidad del vencimiento de los dos años transcurridos desde que se acreditó el primer ente certificador, implicando una instancia adicional para lograr que un vehículo demuestre su cumplimiento del reglamento técnico. El otro agravante, es la exigua cantidad de laboratorios certificados, que no tendrían la suficiente capacidad para realizar las pruebas a todos los carroceros, conduciendo a unos costos exageradamente altos en un momento que coincide con la peor crisis del transporte de pasajeros en Colombia. Quiere decir esto que ahora, para
poder homologar un vehículo, debería incurrirse en onerosos procesos de certificación y verificación ¡por cada una de las variantes del mismo
modelo sobre cada chasís que se monte!
Los fabricantes entienden que los procesos de conformidad ayudan a depurar la oferta y aseguran tanto la calidad como la seguridad de los
vehículos, pero la claridad en las reglas de juego y que se mantenga el escenario de competencia y costos racionales para estar certificados, es
fundamental para asegurar su supervivencia.
Actualmente la cadena industrial del autobús sufre con la reducción en el aforo, baja demanda de viajeros, enormes dificultades económicas, entre muchos males. Si los procesos de certificación no están acordes a estos padecimientos, tanto con la realidad actual de la industria y sus posibilidades de recuperación, serán un mensaje negativo para quienes por décadas han construido los vehículos en los que rueda el país y han
evolucionado a la par de las necesidades de la sociedad y sus normativas.
