Redacción Colombiabus

PROPUESTA ENVIADA A LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Un panorama desolador es el visualizado por los transportadores del segmento intermunicipal de pasajeros y sus agremiaciones quienes velan por sus intereses y actúan como enlace ante las autoridades gubernamentales. Cerca de 120 días con una actividad cuya reducción ha superado el 90%, problemas de liquidez y disponibilidad de recursos, conductores con contratos suspendidos y una operación que se ha limitado a la atención de viajes para personas exceptuadas tienen postrado a un sector que transporta la savia del país y que hoy celebra su día, de una manera gris.

Los transportadores representados gremialmente ante Asotrans y el Consejo Superior del Transporte, han estado en permanente estudio de la problemática mencionada y también se han apoyado de las experiencias de otros países que comenzaron la reactivación de la actividad transportadora de pasajeros, por lo que plantean unos nuevos aspectos que contribuyan a la recuperación del sector. Lo anterior ha sido condensando en una comunicación de 12 puntos que ha sido enviada al despacho de la Vicepresidenta de la República.

LOS DOCE PUNTOS

La propuesta integra aspectos como la lucha frontal contra la prestación ilegal de transporte de pasajeros, la revisión de la estructura de costos, la revisión a los protocolos de bioseguridad para permitir la reactivación con el 100% de la ocupación por bus, como lo lograron en Perú. También incluye las ayudas para conductores y personal de las empresas que tuvieron que suspender operaciones, descentralización de procesos ante las territoriales, entre otros aspectos que presentamos en forma resumida:

1. El ajuste del Protocolo de Bioseguridad para el sector transporte contenido en la Resolución 677 de 2020 del Ministerio de Salud. En la actualidad, países vecinos como la República de Perú ha adoptado medidas que permiten el transporte terrestre conforme a la capacidad de los vehículos, sin limitarse al distanciamiento de un metro.
2. Generar un plan de choque liderado por la Superintendencia de Transporte y la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía, DITRA, para controlar estrictamente los servicios informales que ofrecen servicios ilegales y sin bioseguridad haciendo seguimiento incluso en las redes sociales.
3. Modificar la agenda regulatoria del Ministerio de Transporte, con el objetivo de que la prioridad sea reformar el Decreto 1079 de 2015 permitiendo la adaptación de los servicios y las empresas a la nueva normalidad que obliga a repensar la actividad económica.
4. Revisar la estrategia de reactivación del transporte de pasajeros, que se ha caracterizado por entregar las decisiones a los gobiernos locales que nunca han manejado dentro de sus funciones las del transporte de radio de acción nacional.
5. Reconsiderar el rol de las Direcciones Territoriales del Ministerio de Transporte y la centralización, para facilitar y agilizar los trámites que en este momento se encuentran concentrados en Bogotá.
6. La ampliación de la Línea de Crédito de Bancoldex para todo el sector de transporte de pasajeros.
7. Impactar en los dos costos operativos más elevados que tiene el sector, peajes y combustibles. En el tema peajes, los gremios creen que es posible buscar la exoneración del pago de peajes hasta 2021, con el apoyo del gobierno nacional y el ajuste con los concesionarios.
8. Generar una campaña publicitaria, liderada por el gobierno nacional, para promover el viaje en transporte terrestre desde terminales, en empresas legales que cumplen protocolos de Bioseguridad.
9. Modificar la Ley 336 de 1996 en cuanto a los aspectos laborales, buscando que la norma flexibilice la contratación de conductores, su afiliación al sistema de seguridad social y que permita a las empresas continuar siendo una fuente de empleo.
10. Desarrollar un paquete de ayudas para proteger a los conductores y empleados de las empresas de transporte que han cesado sus actividades por las limitaciones a la movilidad.
11. Buscar un nuevo esquema de aseguramiento intervenido por el estado, en donde una aseguradora pública entre al ramo de la responsabilidad civil contractual y extracontractual.
12. Ampliar las medidas de entrega de los fondos de reposición de las empresas de transporte colectivo de radio de acción urbano o nacional, logrando que el 15 % restante sea entregado.